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El Gobierno edita una guía práctica sobre publicidad institucional

Todas las campañas deben ser accesibles

“No podemos publicitar campañas de autobombo”, ni aquellas que promuevan un cambio de actitud de la ciudadanía “con fines partidistas o políticos” ni las que incluyan mensajes discriminatorios.

Son algunos de los consejos que ofrece a los ministerios e instituciones públicas la obra “Publicidad y Comunicación Institucional. Guía Práctica”, elaborado por la Secretaría de Estado de Comunicación y la Internacional Advertising Association (IAA-Spain), entidad que agrupa a las asociaciones de anunciantes y agencias de medios.

El manual recuerda a los organismos públicos que la ley les prohíbe encargar “campañas de autobombo destinadas a ensalzar la labor pública realizadas por el Gobierno o por la Administración General del Estado”.

Tampoco se les permiten campañas sexistas o que inciten a la violencia y las que “no sean imprescindibles para salvaguardar el interés público una vez abierto el proceso electoral”.

En cambio, sí pueden difundir “ampañas para propiciar un cambio social, de hábitos o de actitud en la ciudadanía”, aquellas que persigan “el apoyo a sectores económicos españoles en el exterior promoviendo la comercialización de productos españoles”, o las que persigan un fin comercial para productos y servicios públicos, como el Tesoro o Loterías.

La guía subraya que todos los ministerios deben elaborar “un plan anual de publicidad institucional, con sus previsiones presupuestarias.

Todas las campañas deben incorporar instrumentos que permitan la accesibilidad a las personas con discapacidad, incorporando subtitulación, y en su caso, audiodescripción y lenguaje de signos, de conformidad con los estándares que contempla el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción.

cuanto a los procedimientos de adjudicación, la guía recuerda que se recomienda el procedimiento abierto, aunque en determinados casos, se podría utilizar el restringido. “La aplicación de este procedimiento solo se justificaría por la necesidad de que por la complejidad del desarrollo de la prestación, las empresas candidatas cuenten con una determinada experiencia y personal cualificado”, indica.